Por Álvaro Puerto Valencia
Presidente de Síes Salud
El nombramiento de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de salud fue una sorpresa en el remezón ministerial anunciado por el presidente Gustavo Petro la última semana de abril.
La saliente ministra Carolina Corcho no solo parecía tener el apoyo incondicional del primer mandatario, sino que se ajustaba a su estilo de hacer política desde el balcón y ante las masas. Aun así, no logramos que escuchara a los líderes de pacientes con patologías crónicas y de alto costo.
Llega a la cartera de salud un hombre formado, experimentado y con una gran visión de contexto. No puede olvidarse que Guillermo Alfonso Jaramillo fue senador de la Comisión VII que tramitó la Ley 100 de 1993. Conoce la evolución del sistema y tiene fama de que, pese a sus rígidas convicciones, escucha, entiende y dialoga, características tan necesarias en esta coyuntura.
Al ministro le corresponde poner la casa en orden y, si cabe la expresión, desintoxicar el ambiente. Las malas discusiones suelen comenzar con una discrepancia que se ahonda hasta llevar a las partes a radicalizarse. Donde antes había opción de negociar se levantan barreras y los oídos se vuelven sordos para los argumentos de la contraparte.
A estas alturas, el ambiente está intoxicado. Del argumento pasamos a la descalificación personal, a la denuncia temeraria, a la política del meme. El nuevo ministro ha anunciado que seguirá firme con la reforma, pero su llegada refresca el ambiente. Motiva a las partes a bajar la guardia, a volver a la escucha, al argumento, al diálogo, a la confianza. Y esperamos que también motive la conversación sobre asuntos que vayan más allá de la supervivencia de las EPS y del trámite legislativo.
En los meses previos, la costumbre ha sido que, ante cada proyecto de ley, cada ponencia y cada enmienda, los ojos buscan la respuesta a si desaparecen o permanecen los aseguradores. Quizás esa sea la causa por la cual han pasado por alto los vacíos que dejaría el modelo de atención planteado.
Desde la orilla de la prestación lo hemos advertido en diversas ocasiones: el articulado destruye los programas de atención que cursan actualmente. Millones de pacientes crónicos complejos y con patologías de alto costo quedan en riesgo de quedar a la deriva.
La ponencia discutida en la Cámara plantea programas para enfermedades raras, es cierto, pero, incomprensiblemente, a los otros solo se les garantiza la permanencia en los programas por seis meses más. ¿Dónde están los programas para las personas con hemofilia, cáncer, VIH, enfermedad renal o condiciones autoinmunes? ¿Hasta dónde van los servicios de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)?
Da la impresión de que estos centros podrán prestar todos los servicios ambulatorios, pero esto nos lleva a preguntarnos qué pasará con los programas especializados. Parece que, en lugar de garantizar una ruta integral para los pacientes con estas condiciones, se terminará fragmentado su servicio y perdiendo la experticia de los grupos especializados multidisciplinarios.
También preocupa la limitación a la libre escogencia, que es una política rectora de nuestro derecho fundamental a la salud. La evolución del articulado hoy plantea que los ciudadanos podrán escoger su CAPS, pero, según declaraciones de la saliente ministra, esa libre adscripción no está garantizada en la mediana y alta complejidad.
Un ejemplo: la experiencia de varios años en la prestación nos ha mostrado que los pacientes con VIH, en muchas ocasiones, no quieren ser atendidos cerca de su lugar de residencia. Particularmente en algunos municipios pueden convertirse en objetivo militar si son identificados. Por eso prefieren desplazarse a otra ciudad u otro departamento para recibir atención.
Al margen de la reforma persisten y se agravan los problemas corrientes. El Estado adeuda grandes sumas por concepto de presupuestos máximos; las variaciones en la tasa de cambio y la inflación han tornado insuficiente la UPC; los pacientes trasladados de las EPS liquidadas a otras EPS demandan más servicios…
El Gobierno debe abandonar la idea de que destinar recursos al aseguramiento solo beneficia los bolsillos de los dueños de las EPS. No, el alivio es para el sistema: para las clínicas, para los hospitales, para los proveedores de insumos, para los trabajadores de la salud, para los usuarios.
El reto de Guillermo Alfonso Jaramillo no es pequeño. Pero, como hombre curtido en la salud y en el sector público, sabe que la política es el arte de lo posible. Haga posible, ministro, una reforma a partir de un diagnóstico verdadero. Haga posible que los usuarios del sistema no vayan a quedar a la deriva.