Por: doctor Eduardo Alvarado – Ex alcalde de Pasto y ex viceministro de salud.
Cada año por estos días, el gobierno nacional se enfrenta a una decisión crucial para el sistema de salud y para la economía del país. Fijar el valor de la UPC para el año siguiente, con sus valores diferenciados por edad y género y por ubicación geográfica del afiliado. Ésta era una tarea encomendada al desaparecido Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud -CNSSS- en donde pujaban y concertaban los empresarios y trabajadores, las EPS y las IPS, los usuarios y los médicos, los departamentos y los municipios, con base en estudios y proyecciones técnicas del Ministerio de Salud y con las limitaciones y directrices presupuestales, fiscales y macroeconómicas que imponía el Ministerio de Hacienda. Daba gusto. Las ideas, las cifras y los intereses sobre la mesa. No pocas veces, casi siempre cordialmente, vimos forcejear al Ministerio de Salud con el de Hacienda por mayores recursos para el sector.
Ya no tenemos el CNSSS, como antes, y ahora es el Ministerio de Salud, con la Comisión de Beneficios Costos y Tarifas donde participan los Ministerios de Salud y Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, quienes estudian y recomienda y, finalmente, el Ministerio de Salud decide mendiante un acto administrativo. Su responsabilidad es aún mayor dada la evidente crisis por la que atraviesa el sistema, particularmente, en materia de sostenibilidad financiera.
La UPC, Unidad de Pago por Capitación, es el monto anual que recibe la EPS, por cada afiliado, para pagar las consultas médicas, los especialistas, las cirugías, la atención domiciliaria, los exámenes y procedimientos diagnósticos, los controles, los medicamentos, el transporte y, en general, todas las tecnologías en salud disponibles en Colombia, que sean requeridas, según criterio médico, por sus afiliados durante el año, además, de su propia gestión y operación como EPS. El costo médico ha oscilado entre el 90 y el 95% con un tendencia creciente, que hoy ronda, y en muchos casos supera, el 100% de la UPC, lo que ha estrechado la operación y ha desaparecido cualquier posibilidad de excedentes o utilidades, ha incrementado la cartera y destruido patrimonio de las EPS. Se prevé que, con el desfase de la UPC en 2023, la mayoría de las EPS presenten pérdidas al final del ejercicio.
Por ésta razón, se equivocan quienes piensan que una UPC insuficiente, es un problema de las EPS; si hoy por hoy, más del 95% de la UPC se destina a la compra de servicios de salud, éste es un problema de todos. La insuficiencia de la UPC, sólo trae estrechez en la negociación, crecimiento de las carteras y falta de oportunidad en el servicio. Pierden las EPS, pierden las IPS, pierden los usuarios, pierden los proveedores, pierde el sistema en su conjunto, que vería agravarse la inestabilidad que se generó el año anterior.
De ahí, la falta que hace el CNSSS, como instancia de concertación y la gran responsabilidad que hoy tiene el Ministerio de Salud. Corregir el desfase y asegurar el equilibrio financiero del sistema, de cara a la reforma que se plantea.
No basta con mantener el poder adquisitivo, en relación con la inflación causada, sino evaluar el impacto de las últimas inclusiones y hacer los ajustes correspondientes y corregir el desfase generado en el valor aprobado para 2023. Esperamos ver al Ministerio de Salud defendiendo los recursos sectoriales y el equilibrio financiero del aseguramiento.