Todavía se puede ajustar el texto de reforma a la salud y aterrizar las buenas intenciones a las mejores soluciones y las que sean posibles, teniendo en cuenta lo que tenemos hoy.
Por: Carmen Eugenia Dávila
Directora Ejecutiva de Gestarsalud
No son pocas las voces que se han alzado desde diferentes actores del sector salud para advertir que el texto de reforma a la salud que se discute hoy en el Congreso, si bien está cargado de buenas intenciones, puede repercutir en aspectos riesgosos para la realidad de los usuarios del sistema de salud y pacientes.
El primero de ellos y muy importante es que la responsabilidad frente a las distintas funciones no está clara o se repite entre distintos actores, lo que además de generar confusión puede generar más trámites para los pacientes.
El proceso de referencia y contrarreferencia, por ejemplo, que es clave, hoy en el Sistema General de Seguridad Social en Salud es manejado por las EPS. Esto garantiza que el paciente sea dirigido, orientado y representado y sería un error cualquier intento por destruir una organización que funciona y que las personas ya conocen. En el proyecto de reforma esta función se le asigna a los Centros de Atención Primaria, a las llamadas Gestoras de Salud y Vida e incluso a una coordinación de nivel territorial.
Lo mismo pasa con el transporte, servicios domiciliarios y suministro de medicamentos: el texto no es claro y sugiere que existen varios responsables.
El temor de los pacientes es que sus rutas de atención, los médicos que hoy los atienden y la organización por donde transitan sea cambiada y desorganizada. Frente a esto, se plantea en el proyecto de Ley la orden de mantener la continuidad de la atención y un capítulo transitorio confuso que claramente no genera tranquilidad para los pacientes si no por el contrario más riesgos de desarticulación y desintegración.
Los pacientes lo saben muy bien y son quienes tienen la mayor legitimidad para plantear los riesgos. Hoy ellos tienen claridad sobre cuál es la institución responsable de garantizar su derecho fundamental a la salud, bien se trate de servicios incluidos en el Plan de Beneficios o de servicios no incluidos, de medicamentos o de procedimientos quirúrgicos, de prestaciones económicas (incapacidades y licencias) o de prestaciones administrativas como el transporte desde zonas alejadas a los centros urbanos que ofrecen los servicios de salud de mayor complejidad.
Con la reforma a la salud, las responsabilidades se atomizan y se distribuyen en varias instancias. Esto no sólo hará más difícil para el usuario saber ante quién acudir para satisfacer su derecho fundamental, sino que existe una alta probabilidad de que suceda lo que coloquialmente se conoce como “tirarse la pelota”, es decir, que las instituciones señalen que otra entidad es la responsable y no aquella a la que está acudiendo la persona.
Esto, en resumen, terminará por constituirse en una barrera para la atención y una abierta vulneración del derecho fundamental a la salud.
Otros temas clave
Pero además de estos temas que están de cara al paciente, hay otros que plantea la reforma y que, de no ajustarse, pueden tener un severo impacto en el sistema de salud.
Uno de ellos es el funcionamiento de las Redes Integrales de Servicios de Salud; una ambición que se ha planteado en varios proyectos de ley previos e incluso están en leyes y actos administrativos que hoy operan. No se ha concretado por la dificultad que existe para articular lo que hoy tenemos con esta ambición.
En el caso de la reforma, es imperativo que la definición de estas redes sea clara. No podría pensarse que estas redes tendrán la obligatoriedad de constituirse en un solo ente jurídico y se debe tener claro que cierta oferta de servicios está centrada en algunos prestadores que muy seguramente tendrán que ser parte de muchas redes. En el proyecto de ley no está claro cuál será el ente que organice la red que debe ser el mismo que contrata y compra la mayor parte de tecnologías, como tampoco quién asumirá las funciones de habilitación, vigilancia y seguimiento.
Tampoco hay claridad en la financiación de los Centros de Atención Primaria y en el subsidio a la oferta para los hospitales púbicos. Se entiende que en ciertos casos este subsidio debe existir, pero no puede ser generalizado para todos los hospitales públicos y mucho menos hacerlo con los recursos que hoy están asignados a laspersonas pobres y vulnerables del país. Sin duda, los recursos de los subsidios deben orientarse a las personas y no a las instituciones; y en esto el país ha avanzado mucho con el espíritu de la Constitución Política de 1991. No se puede retroceder.
La función de contratación de servicios de salud es indispensable y el proyecto de ley señala sus formas y supone que existirá, pero esta función debe ser de las Gestoras de Salud y Vida. De lo contrario, no tendría sentido la prohibición de la integración vertical ni muchas otras disposiciones que hoy se encuentran en el proyecto de ley.
Es imposible garantizar un sistema de salud pagando por evento. Las formas de contratación permiten garantizar resultados en salud y el proyecto plantea remuneración a las Gestoras por resultados. La ADRES o cualquier otro ente no podrán hacerlo eficientemente, pues no tienen las capacidades para desempeñar esta función esencial.
Pensar que el Sistema General pueda operar a través de un manual tarifario único y que cobren todos los servicios de salud que se prestan en Colombia directamente a la ADRES es multiplicar los problemas de gestión y pago que ya tienen evidencia de mal funcionamiento en el tema de accidentes de tránsito que le ha correspondido históricamente pagar al FOSYGA y hoy a la ADRES. El Estado ha mostrado no ser el mejor pagador y donde mayores riesgos de fuga de recursos se han materializado.
La claridad en las leyes y normas garantiza el éxito de las reformas que siempre tendrán periodos de transición. Todavía hay tiempo para ajustar el texto y aterrizar las intenciones con las mejores soluciones y las que sean posibles, considerando lo que tenemos hoy: un sector prestador que es disperso y que en un 95 por ciento es privado; unas instituciones encargadas de organizar los procesos y garantizar el servicio, representar al paciente y administrar riesgos, como son las EPS; y unos operadores logísticos de medicamentos que han ganado protagonismo y se han hecho necesarios al punto de ser considerados como actores del sistema legalmente.
En reunión con el señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en días pasados nos expresó que las EPS continuarán haciendo las mismas funciones excepto el pago. Entendemos que se refiere al manejo de la tesorería y que esto implicaría el giro directo generalizado, seguramente en los términos que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Es conveniente entonces centrar la discusión y avanzar en los aspectos más complejos y plantear verdaderas soluciones para pacientes y usuarios, que tienen que ver con la oportunidad y calidad de los servicios y en resolver los problemas de sostenibilidad financiera