Por: Equipo de análisis financiero Gestarsalud
En las últimas semanas ha estado bajo la lupa de la opinión pública la situación financiera del sistema de salud, principalmente por las deudas de las EPS. Y aunque un boletín de la Superintendencia de Salud aseveró que estas acreencias ascendían a 50 billones de pesos, la misma entidad aclaró después que el monto para octubre del 2022 era de 23,3 billones de pesos, sumando la deuda de las EPS liquidadas, en liquidación y activas en operación. Al final, se informó que el monto de las aseguradoras activas era de 16,6 billones, aunque no se especificó cuánto era deuda corriente y cuánto en mora.
En aras de aportar a la discusión, Gestarsalud presenta este análisis en el que revela el estado de la cartera de 10 de sus EPS afiliadas, pero, además, profundiza en varias razones por las cuales las aseguradoras presentan cartera en mora y una difícil situación patrimonial.
En el análisis realizado con corte a septiembre de 2022 con información de 10 EPS agremiadas a Gestarsalud, reportadas en el Formato FT004, se encontró que el pasivo asciende a $ 7,9 billones, de las cuales el 23,7 por ciento ($ 1,9 billones) corresponde a deudas de carácter administrativo y otro tipo de acreencias y el 76,3 por ciento ($ 6,0 billones) corresponden a conceptos por prestación de servicios, insumos y medicamentos.
Eso quiere decir, en primer lugar, que no todas las deudas de las EPS corresponden a su relación con las redes de prestadores de servicios y proveedores de tecnologías en salud, llámense hospitales, clínicas, profesionales de la salud, laboratorios, operadores logísticos y suministro de medicamentos, etc. Esta claridad debe hacerse siempre que se hable de los pasivos de estas entidades.
Gráfica 1 – Cartera por pagar de 10 EPS agremiadas en Gestarsalud
Ahora, en una mirada solo a las deudas por servicios de salud, el análisis a la información de 10 EPS agremiadas en Gestarsalud evidencia que, de los $ 6 billones, el 64,7 por ciento ($ 3,9 billones) corresponden a deudas no vencidas o que están dentro de los 60 días de plazo normal para las operaciones del sector. Aquí se debe tener en cuenta que en ese tiempo las EPS deben hacer una auditoria integral a las facturas para el control de los recursos de la salud.
Por otra parte, las deudas que estaban entre 61 y 180 días representaban el 19,3 por ciento ($ 1,2 billones) y las mayores a 180 días el 16 por ciento ($ 0,9 billones).
Gráfica 2 – Pasivo por prestación de servicios de salud, insumos y medicamentos de 10 EPS agremiadas a Gestarsalud
Así como es importante profundizar en el tipo de deuda cuando se habla del pasivo de las EPS, es fundamental informar las obligaciones adeudadas a las EPS por parte de la Adres y las entidades territoriales. Actualmente, a las EPS agremiadas a Gestarsalud les adeudan aproximadamente $ 600.000 millones de pesos por concepto de recobros, que era la figura usada hasta de febrero de 2020 para pagar los servicios y tecnologías cubiertos, pero no financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Desde marzo de 2020 se estableció el mecanismo de presupuestos máximos, que busca atender esa misma necesidad mediante asignación de recursos adicionales. Por ese concepto a las 10 EPS agremiadas a Gestarsalud les adeudan aproximadamente $ 1 billón de pesos por mayor valor ejecutado por encima de lo asignado. En otras palabras, estos servicios y tecnologías no financiados por la UPC y prestados efectivamente por las EPS a los pacientes fueron 23 por ciento más de lo asignado en el 2020, 42 por ciento más en el 2021 y 32 por ciento más en el 2022.
El Ministerio de Salud ha informado que esos recursos faltantes los va a gestionar mediante una adición presupuestal en el primer trimestre de 2023, pero no hay claridad de una fecha en concreto y, mientras tanto, este valor impacta en la situación financiera de las EPS y en la capacidad de pago de las deudas.
UPC desigual
A pesar de que la Ley 100 de 1993 y la sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008 ordenaron la igualación de los planes de beneficio para los afiliados a los regímenes subsidiado y contributivo y esto se comenzó a aplicar a partir del 1 de julio de 2012, hoy la UPC con la se cubren las necesidades de salud del subsidiado es el 88,91 por ciento que la del contributivo.
En el año 2012, cuando se igualaron los planes de beneficio, la UPC del régimen subsidiado equivalía al 65,77 por ciento de la UPC del régimen contributivo. Del 2013 al 2018 se ajustó al 91,45 por ciento y del 2019 al 2021 se equiparó al 95 por ciento. Sin embargo, en el 2022 y en el 2023 el porcentaje disminuyó nuevamente (al 88,91 por ciento), lo cual ha afectado financieramente a las EPS.
Exigencias patrimoniales
Además de cumplir con sus obligaciones financieras, las EPS tienen exigencias desde el punto de vista patrimonial como son, entre otras, un capital mínimo y un patrimonio adecuado. El capital mínimo es el aporte inicial que debe tener cada entidad independientemente del número de afiliados. El patrimonio adecuado es el respaldo patrimonial que debe acreditar y se calcula como un porcentaje de los ingresos operacionales que recibe en función de sus afiliados.
Se debe recordar que para el cumplimiento de las condiciones financieras las EPS debían capitalizar con nuevos recursos o nuevos socios, para lo cual contaban con un periodo de transición que se cumplía para algunas en el 2022 y para otras entre el 2024 y el 2027, pero la incertidumbre sobre el futuro de estas entidades ha estancado estos procesos, que junto con la insuficiencia de los recursos que les reconoce el sistema de salud y lo que les adeuda el Gobierno Nacional han llevado a una débil situación financiera en estas entidades.
Todos estos elementos permiten plantear la necesidad de una reflexión sobre la sostenibilidad del sector, sobre todo en aspectos como la suficiencia de los recursos de la Unidad de Pago por Capitacion y en este marco los aportes del Presupuesto General de la Nación, como fuente que cierra las necesidades de financiamiento de la salud. Estos aspectos se deben considerar al evaluar el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia. Debe profundizarse en las razones por las que existe una cartera que no es posible pagar en cada vigencia. Se necesita evaluar la situación patrimonial de estas entidades a partir del equilibrio de su actividad, además del cumplimiento de las condiciones financieras.