• Acemi, Gestarsalud y Asocajas advierten que incrementos propuestos por el Ministerio de Salud pueden poner en riesgo la prestación de los servicios.
• Según borrador de resolución, aumento de la UPC para el régimen contributivo sería de 16,23 % y para el subsidiado de solo 12,22 %
Bogotá. Diciembre 13 de 2022. Tras conocer el proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social por medio del cual se fijan los aumentos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2023, Acemi, Gestarsalud y Asocajas advierten sobre la insuficiencia del incremento propuesto para cubrir las crecientes necesidades de salud de la población colombiana y de los millones de migrantes venezolanos que están cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Los análisis de Acemi, Gestarsalud y Asocajas, gremios que de forma conjunta representan a cerca de 50 millones de usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado, señalan una desfinanciación que comprometería la garantía del derecho a la salud de los colombianos y el flujo de recursos para los prestadores de servicios de salud, teniendo en cuenta que la UPC es el valor que reconoce el Sistema de Salud por cada persona para cubrir sus atenciones en salud.
Según el borrador de resolución publicado para comentarios, el incremento de la UPC sería de 16,23 por ciento para el régimen contributivo y de 12,22 por ciento para el subsidiado. Este aumento resulta insuficiente debido a que las frecuencias de uso de servicios han aumentado, registrando los máximos históricos desde que se cuenta con estadísticas; que la inflación va en 12,53 por ciento en el año corrido y que la devaluación está por encima del 25 por ciento. Estudios independientes como la encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos muestran que el 21 por ciento de los encuestados ha aumentado la solicitud de citas, exámenes y procedimientos después de los anuncios de reforma al sistema hechos por el Gobierno, y es de esperar que la incertidumbre crezca el próximo semestre, cuando se conozca el texto definitivo de la reforma que ha anunciado el Ministerio.
Cabe recordar que el aumento de 12,22 por ciento propuesto para el régimen subsidiado está incluso por debajo de la inflación causada para 2022, no tiene en cuenta la proyectada para el 2023 y está en contravía de lo dicho por la Corte Constitucional y el propio Ministerio de Salud en el sentido de avanzar hacia la igualación de la UPC entre los dos regímenes.
A este panorama se suma la difícil situación financiera que enfrenta el sector de las EPS durante 2022, que por cuenta de múltiples factores ha visto incrementar los valores de las atenciones médicas y las frecuencias de uso de la población, dejando un déficit que, de no revisarse estructuralmente, continuará el próximo año. Los gremios de forma conjunta hacen un llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, para que antes del fin del año aceleren los pagos pendientes por cerca de $ 2,6 billones que tiene con las EPS y a que revise el incremento de la
UPC de cara a factores que inciden en su valor. A los factores mencionados se suman los gastos no esperados de la población trasladada de manera forzosa por las liquidaciones de EPS, que traen una
siniestralidad importante y atenciones represadas que se deben atender con urgencia, los efectos del covid prolongado y los mayores costos de los medicamentos y dispositivos, entre otros.
En muchas EPS se esperan siniestralidades superiores al 100 por ciento de la UPC, por lo que el no reconocimiento de todos los factores puede llevar a la inviabilidad financiera de muchas de estas entidades que hoy son las responsables de garantizar el acceso a la salud de millones de personas, entre las que se destacan quienes están en tratamientos en curso, sufren de enfermedades crónicas o tienen factores de riesgo en salud.
“El correcto cálculo de la UPC es la base para el buen funcionamiento del Sistema de Salud. No se trata de hacerle un favor a las EPS, se trata de garantizar los recursos necesarios para que los millones de usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado no queden desamparados”, manifiesta Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.
Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, señaló que de no reconocerse el valor necesario de UPC para atender a la población se va a precipitar una crisis sin precedentes que va a afectar no solo la viabilidad de las EPS, sino también a prestadores, proveedores y usuarios, particularmente a los más enfermos que hoy están recibiendo tratamientos. “En estas condiciones el régimen subsidiado queda en desigualdad en el financiamiento y esto va íntimamente relacionado con la calidad y oportunidad de servicios que se preste a los usuarios”, alerta Dávila.
Finalmente, Adriana Guillén, presidente ejecutiva de Asocajas, aseguró que “independientemente del modelo de salud que proponga el Gobierno Nacional para el corto plazo, el Sistema en este momento enfrenta un serio problema en temas de sostenibilidad financiera a partir de la insuficiencia de la UPC. De manera que es fundamental revisar el problema estructural y hacer los ajustes necesarios para preservar y cuidar al usuario final, quien podría verse en una situación delicada en los primeros meses de 2023”.