El país está expectante por la resolución del Ministerio de Salud que fije los valores para el 2023 de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Por: Carmen Eugenia Dávila
Directora ejecutiva de Gestarsalud
El país está expectante por la resolución del Ministerio de Salud que fije los valores para el 2023 de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que el sistema de salud reconoce a las entidades aseguradoras para gestionar la salud de sus afilados. La expectativa es alta, pues la propuesta del proyecto de resolución conocido hasta ahora está muy por debajo de lo esperado.
Vale la pena recordar que con cargo a la UPC está el Plan de Beneficios para los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que deben garantizar las EPS. Este plan incluye tratamientos y servicios para todas las patologías y la mayor parte de las tecnologías disponibles en el país.
La metodología para el cálculo de la UPC se aprobó en el 2004 por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y ha sido ajustada con el tiempo. Durante 18 años el cálculo para ambos regímenes se hizo con base en información del régimen contributivo, debido a la insuficiencia de información frente a los servicios de salud de los usuarios del régimen subsidiado. Las restricciones en el reporte de información que tienen los prestadores de servicios de salud públicos, en especial del primer nivel de complejidad, afectan el reporte y por ende el cálculo.
Si bien en los dos últimos años se han obtenido mejoras en el reporte, no han sido suficientes y se requiere considerar opciones que permitan determinar el incremento necesario para garantizar el derecho a la salud de los colombianos, incluso explorando otros métodos estadísticos para el cálculo.
El cálculo lo determinan, fundamentalmente, las cantidades de prestaciones por persona (frecuencias de uso) y los precios de las mismas. En el caso de las frecuencias se ha observado un incremento importante por cuenta del represamiento de atenciones durante la pandemia, pero también por los efectos post pandemia en la salud de las personas. En la información que publica el Ministerio de Salud con base en los Registros Individuales de Atención se observa un incremento de la prestación de consultas de salud mental y cardiopatías, entre otras.
En cuanto a los precios, estos se afectan esencialmente por el fenómeno inflacionario, la devaluación y el incremento del salario mínimo. De otro lado, la innovación en tecnología sanitaria que se financia hoy en día con recursos de los presupuestos máximos también determina la suficiencia global de recursos de las EPS para garantizar los servicios que sus usuarios necesitan.
Los ingresos con los que cuenta el Gobierno para financiar la UPC y valores máximos se soportan en impuestos generales, cotizaciones y otros recursos, como los excedentes del SOAT, que a partir de este año se van a ver afectados por los ajustes al valor de la póliza para algunos vehículos. Esta última decisión presionará aún más el Presupuesto General de la Nación, que es la fuente anunciada para sustituir la caída de este recaudo.
Al incluir las variables anteriormente mencionadas, más el aumento del salario mínimo, la propuesta de reforma laboral anunciada por el Gobierno y la tendencia de inflación proyectada se considera que el incremento de la UPC no debe ser menor al 18 por ciento para el 2023.
Las EPS deben trasladar parte del incremento a los prestadores de servicios de salud en los nuevos contratos, situación que puede generar tensiones cuando el incremento es estrecho y no responde a las expectativas y al costo real de la atención en salud, poniendo en riesgo el flujo de recursos y la oportunidad en la atención.
El incremento de la UPC no puede responder a la disponibilidad de recursos. Debe responder a las necesidades reales de la población, de acuerdo con su perfil epidemiológico y las metas en salud pública. La decisión del incremento es una de las más importantes y delicadas para el sector salud, con una sensibilidad importante para todos los proveedores y prestadores de servicios de salud, así como para el personal que labora en el sector.
Con justa causa, la expectativa de todos está en torno a esta decisión y en la posibilidad de igualar la UPC contributiva con la subsidiada. Es probable que la próxima semana lo sepamos. Desde las EPS queremos seguir aportando en la construcción de un mejor sistema de salud, que garantice la mejor atención para los más de 51 millones de afiliados y sea sostenible financieramente.