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“Debilitar el aseguramiento solo va en detrimento de la prestación de servicio”

Por 22 septiembre 2022 Sin comentarios

Análisis de la ANIF Advierte riesgo de desfinanciar la salud.

El centro de estudios económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advirtió en su informe semanal publicado el 21 de septiembre que un "desbalance en las cuentas del sector", en medio de la discusión del presupuesto para la salud del próximo año, puede poner "en riesgo el aseguramiento", asunto que les genera preocupación.

El análisis comienza señalando que el gasto en salud  El gasto en salud, no solo en Colombia sino también en el mundo, es uno de los que más ha aumentado en las últimas décadas entre otras por los ´principios de universalidad “Los principios de universalidad y derecho de acceso, la demanda por más y mejores servicios, sumado a las presiones estructurales que generan el envejecimiento de la población, el tratamiento de enfermedades crónicas de alto costo y la necesidad de tecnologías médicas siempre en evolución, han demandado esfuerzos extra para el financiamiento del sector de la salud”.

"En Colombia, en los últimos 30 años, el presupuesto destinado a la salud ha aumentado año a año. Con eso se han logrado grandes avances en términos de cobertura, equidad en el acceso, calidad en el servicio y cierre de brechas sociales. Además, no hay que olvidar que el país acaba de atravesar una emergencia sanitaria sin precedente que obligó a esfuerzos adicionales en términos de gasto", argumentan.

La Anif señala que los recursos distribuidos por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que para el 2022 fueron superiores a los 75 billones de pesos, son clave para financiar a los afiliados del régimen subsidiado y la igualación de los planes de beneficios y, por lo tanto, "cada vez más importantes para el cierre financiero del sistema".

"El balance entre fuentes y usos es lo que permite, día a día, proveer los recursos necesarios para atender las necesidades de salud de todos los colombianos y residentes en el territorio nacional. Ese es el punto central de la discusión de sostenibilidad del sistema de salud colombiano (…) Esos recursos del aseguramiento son los que financian las prestaciones de servicios de salud (medicamentos, procedimientos e insumos) de todos los colombianos y residentes en el país que requieren de atención médica", destaca el informe de la Anif.

Los autores del informe cuestionan "por qué el Ministerio de Salud no ha tenido en cuenta factores relacionados con el incremento en las frecuencias de uso en un escenario post-pandemia, entre otros aspectos técnicos, para justificar el incremento de la UPC, y por consiguiente los recursos para el pago de atenciones médicas de los colombianos y residentes en el territorio nacional para 2023" y, en ese sentido, son claros en señalar que "no asegurar la suficiencia de esa prima pondría en riesgo la atención de salud de millones de personas, en particular los más vulnerables (es decir la población de menores ingresos y los enfermos), pues no se podría soportar un flujo oportuno de los recursos para satisfacer la demanda por servicios de salud".

En otro apartado, resaltan que "la definición de la UPC es una de las discusiones más técnicas y profundas que se dan al interior del Gobierno Nacional", con participación de múltiples entidades técnicas, y fruto de esos análisis el equipo técnico del Ministerio de Salud de Fernando Ruiz planteó una solicitud adicional por $8.1 billones para el presupuesto del 2023, que alcanzarían para atender el incremento de la UPC cercano al 15 por ciento y, además, financiar los presupuestos máximos, las actividades de promoción y prevención, las pruebas COVID y cubrir el gasto en atención a la población migrante indocumentada, entre otros aspectos.

Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Salud que lidera Carolina Corcho es que para cubrir todas esas necesidades solo se necesitan $3.8 billones, es decir, una disminución en casi 3 puntos porcentuales del incremento de la UPC para el 2023, con lo cual las aseguradoras pasarían de recibir $ 4 billones adicionales a solo contar con una adición de $ 2,1 billones.

"No asegurar la suficiencia de la UPC se traduciría en barreras de acceso, que al final terminarían afectando a la misma población", indica la Anif e insiste que "esos recursos se destinan, en mayor medida, a cubrir la atención de los pacientes del régimen subsidiado, es decir, particularmente las personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza".

Bajo ese contexto, la Anif hace un llamado al Congreso de la República sobre la necesidad de revisar en detalle el financiamiento del aseguramiento para así poder destinar los recursos necesarios para la financiación de las atenciones en salud de toda la población,
en particular los más vulnerables.

“Para fortalecer el sistema de salud se debe mantener el modelo de aseguramiento, que ha sido la base para proteger el bolsillo y la salud de los colombianos. No se pueden desconocer ni echar para atrás los avances en cobertura, acceso, calidad y equidad que ha logrado el sistema en los últimos 30 años (…) Debilitar el aseguramiento solo va en detrimento de la prestación de servicio”, concluyen.

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