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Embarazo adolescente sigue siendo mayoritario en zonas rurales del país

Por 23 septiembre 2021 Sin comentarios

Colombia logró reducir la tasa de embarazo adolescente en 4,17 puntos entre 2019 y 2020.

Redacción Gestarsalud

En Colombia, las adolescentes que viven en zonas rurales suelen quedar en embarazo en una proporción de casi el doble frente a las que residen en zonas urbanas. Y esa brecha es cada vez mayor, tal como lo confirman los resultados del estudio poscensal Fecundidad en la Niñez y la Adolescencia 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el DANE.

En concreto, el 31,2 por ciento de las jóvenes en zonas rurales que tenían 18 años al momento de responder el censo del 2018 ya eran madres, lo que contrasta con el 18,3 por ciento que se observó en las ciudades.

Para los embarazos subsiguientes la diferencia es mayor, pues el 2,7 por ciento de zonas rurales ya tenían dos hijos, algo que solo sucedió en el 1,3 por ciento de las que vivían en zonas urbanas.

A nivel país, el 21,7 por ciento de las encuestadas que tenían 18 años en este estudio ya eran madres, es decir, poco más de una de cada cinco.

Estos datos se conocen en el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, que tiene lugar del 20 al 24 de septiembre y que busca evidencias las implicaciones del embarazo en adolescentes.

Datos conocidos revelados por el Ministerio de Salud en el mismo contexto muestran, por su parte, que el país logró reducir la tasa de embarazo adolescente en 4,17 puntos entre el 2019 y el 2020.

Para el caso específicamente de este indicador, el Ministerio de Salud reveló que la cifra pasó de 57,95 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en el 2019, a 53,78 nacimientos por cada 1.000 mujeres del mismo rango de edad en el 2020.

La cartera de salud destacó que, si bien está tendencia de disminución se ha mantenido, la zona rural sigue siendo la más afectada en estos casos de embarazo en adolescentes.

¿Qué dicen las estadísticas?

Según el informe sobre la situación actual de embarazo en la niñez y adolescencia en Colombia, realizado por la UNFPA, en el 2019 la tasa nacional fue menor a 2,5 nacidos vivos por 1.000 niñas de 10 a 14 años y menor a 60 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años.

En los llamados municipios PDET, que son 170 priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional, más del 40 por ciento de las adolescentes de 18 años estaban casadas o en unión libre, y casi un 55 por ciento de las que estaban divorciadas, separadas o viudas habían tenido un hijo.

Adicionalmente, en estos mismos municipios más del 20 por ciento de las jóvenes de 18 años no asistía a la escuela, ni tenía trabajo y cerca del 20 por ciento de las que se encontraban trabajando o buscando trabajo ya habían sido madres.

Por otro lado, las niñas y adolescentes que viven en zonas rurales se enfrentan a mayores riesgos de Matrimonio Infantil y Uniones Infantiles Tempranas y Forzadas (MIUTF) debido a condiciones de vulnerabilidad de estas zonas.
Además, las menores de 15 años que viven en zonas rurales tienen un mayor riesgo de MIUTF, con una diferencia de 1,63 puntos porcentuales frente a las que viven en zonas urbanas.

¿Qué estrategias hay frente a esta situación?

Precisamente esta semana, el UNFPA ratificó que apoya las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que este año promueven la educación integral en sexualidad como un derecho y una estrategia efectiva en la prevención y reducción del embarazo en la adolescencia.

Esta agencia de las Naciones Unidas destaca que la evidencia disponible ha demostrado que esa estrategia educativa dentro y fuera de la escuela tiene un rol fundamental frente al embarazo adolescente, ya que desarrolla actitudes y habilidades necesarias para la toma de decisiones en los menores más vulnerables.

Finalmente, el UNFPA hace énfasis en que todas las políticas públicas deben tener un enfoque de género y de derechos, para asegurar la visibilidad de las niñas y adolescentes, de manera que se reduzca su vulnerabilidad estructural.

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