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Así van las conversaciones sobre política de seguridad farmacéutica en Colombia

Por 3 abril 2021 Sin comentarios
Foto: labovejero.es

El 25 de marzo se llevó a cabo el conversatorio ‘Alternativas para una Política de Seguridad Farmacéutica en Colombia’, organizado por el Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud (INNOS). El evento contó con la participación de panelistas como Carlos Álvarez, coordinador de estudios sobre COVID-19 ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para Colombia; Jaime Andrés Cano, director de la Corporación para Investigaciones Biológicas; Francisco Noguera, gerente de Innovación y Experiencias de INNpulsa y Álvaro Amaya, coordinador académico de INNOS.   

Ricardo Palacios, director del área de investigación clínica del Instituto Butantan de Brasil, la organización encargada del desarrollo de la primera vacuna contra la COVID-19 de origen brasilero, participó como panelista y habló de la perspectiva internacional del tema, junto a Adriana Pacheco, directora del doctorado en Salud Pública de la Universidad El Bosque y al senador Iván Darío Agudelo. Ellos le brindaron a la audiencia un panorama general y de contexto de la seguridad farmacéutica en Colombia.

Desde el 2020 se está hablando de un proyecto de ley, que busca proteger al país, en el largo plazo, de cualquier posible desabastecimiento de bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales y de la dependencia externa en materia científica, tecnológica, industrial o logística para la investigación, desarrollo, innovación, producción, distribución y dispensación de dichos bienes. Este proyecto que ha sido liderado por el senador Iván Darío Agudelo y respaldado por diferentes actores del sector, le permitirá al país afrontar los desafíos que impuso la nueva realidad y cerrar las brechas en términos de accesibilidad a bienes esenciales como medicamentos, vacunas y equipos médicos, que se hicieron más visibles durante la pandemia.   

"La ciencia es la mejor herramienta que tiene el ser humano para superar las enfermedades y los trastornos sociales y económicos a los que nos vemos enfrentados. Por eso es tan importante que Colombia, a través de sus políticas, promueva e impulse la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación", advirtió Agudelo.   

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Foto cortesía: University of Utah School of Medicine.

El panorama internacional

Al hablar de políticas de seguridad farmacéutica, son muchos los países que le han tomado ventaja a Colombia. Solamente en la región, Brasil y Perú cuentan con una legislación clara e instituciones gubernamentales encargadas de asumir la responsabilidad en cuestión de investigación y desarrollo. Es el caso del Programa de Autosuficiencia Nacional en Inmunobiológicos (PASNI) de Brasil, creado en 1985 y del Instituto Butantan, un centro de investigación ubicado en Sao Paulo con 120 años de experiencia. Es el responsable de la vacunación de más de un tercio de la población de Brasil y entrega más de 150 millones de dosis al año.

Ricardo Palacios, del Instituto Butantan, asegura que "la idea es que eventualmente, gracias a las garantías de este programa, se generen excedentes productivos que puedan ayudar a otros países y a otras organizaciones. Es una idea que se da luego de garantizar la producción para nuestro país".

En palabras de Adriana Pacheco, lo que se ha evidenciado y se puede aprender de otros países como Dinamarca, Irlanda, España, Estados Unidos y Perú es que se deben plantear estrategias de fortalecimiento y desarrollo de instituciones existentes hacía ecosistemas dinámicos, así como la diversificación de aportes y responsabilidades. Además, menciona que un punto en común de estos países es que no concentran las funciones y responsabilidades en actores públicos o privados.

Foto cortesía: Washington University School of Medicine in St. Louis.

Tres ejes principales de la política de seguridad farmacéutica

La propuesta abarca tres ejes fundamentales, que además de buscar y motivar la investigación en el país, también pretende aumentar la calidad de vida de la población en términos de acceso a los bienes esenciales en salud.   

1. La independencia científica y tecnológica

Se propone aumentar las capacidades institucionales, financieras, de recurso humano, infraestructura y equipo para la generación de conocimiento y la creación de nueva tecnología o la asimilación de la existente, que permita la producción de bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales.

2. La suficiencia de la producción y la oferta farmacéutica

Se advierte que la demanda de bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales puede satisfacerse por medio de la capacidad de producción alojada dentro del territorio nacional. Sin embargo, Adriana Pacheco, directora del doctorado en Salud Pública de la Universidad El Bosque, indica que "un contraste de este eje son las tendencias de provisión mixtas, que es lo que se ha visto en el contexto de la pandemia con el ejemplo de la provisión de las vacunas, con actores de la academia, con líderes en la industria y apoyo de los gobiernos, quienes han producido las vacunas y las han puesto al servicio de la población".

3. Disponibilidad farmacéutica y la asequibilidad

El proyecto de ley indica que los bienes públicos tecnológicos sanitarios esenciales estén disponibles en el momento en el que se requieran y estén dentro del contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). "En este punto deben tenerse en cuenta todos los elementos de la cadena de valor, que incluyen aspectos como la oportunidad, la eficiencia y la innovación, así como la vinculación de otro tipo de profesionales diferentes a los del sector, como por ejemplo, los desarrolladores", indicó Pacheco.

Aunque en Colombia hay un ecosistema farmacéutico que incluye organismos gubernamentales como el Instituto Nacional de Salud, el Invima y el Ministerio de Salud y Protección Social, así como instituciones de educación superior, asociaciones de profesionales, grupos de investigación, entre otros, aún quedan aspectos por establecer como una política de seguridad farmacéutica más amplia. La doctora Pacheco insistió en que el proyecto actual requiere medir más los impactos en salud pública, beneficios para la población y ajustarse a referentes nacionales e internacionales.

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