Determinantes de la salud

México busca controlar sus índices de obesidad con cuestionadas políticas

Por 15 agosto 2020 Sin comentarios
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México es considerado el mayor consumidor de alimentos procesados en América Latina y el cuarto más grande del mundo. En aras de mitigar los efectos en salud pública que sus hábitos alimenticios han ocasionado, el Gobierno ha optado por aplicar normativas rigurosas y determinantes que van dirigidas, principalmente, sobre los grandes productores de comidas procesadas y bebidas azucaradas. Reglas que han generado polémicas nacionales e internacionales sobre las implicaciones económicas que estas tienen.

Una de las medidas, ya aplicada en países como Chile, es la obligatoriedad de la advertencia en el etiquetado de este tipo de comidas y bebidas en la parte frontal de sus empaques, que describa cuáles son los riesgos de su consumo en la salud. Y es que, la norma que comenzará a aplicarse en octubre de este año, le da plazo a las empresas y fabricantes de los productos hasta abril de 2021 para cambiar el rotulado.

Las reacciones por parte de los productores no se han hecho esperar. Si bien todos están de acuerdo con cambiar la presentación de los productos para adaptarse a la normativa, piden que el plazo sea más extenso. La delegación suiza de la Organización Mundial de Comercio solicitó un periodo de dos años para hacer la transición en la presentación de los empaques. Aseguran que “los cambios en los requisitos de etiquetado sumarán dificultades en un momento en que los productores, importadores y minoristas están tratando de asegurar el suministro ininterrumpido de alimentos y bebidas al mercado mexicano”.

La delegación de Canadá, por su parte, solicitó un periodo de, al menos, un año para cumplir con la nueva obligatoriedad.

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Según el Gobierno nacional mexicano, en los últimos 30 años, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una epidemia que afecta a uno de cada tres adolescentes y niños y a siete de cada diez adultos en México. Insisten en combatir y prevenir el fenómeno como un objetivo de salud pública, pues la obesidad impacta negativamente la calidad de vida de quienes la padecen y, además, representa una carga muy significativa para el sector salud. Las acciones comienzan a implementarse.

Otra de las decisiones, tomadas hasta ahora de manera local en el estado de Oaxaca, tiene que ver con la prohibición para que menores de edad compren comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas. La decisión muy pronto podría extenderse a todo el país.

Pero el tema va más allá. El senador Salvador Jara de Morena ha propuesto incrementar el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) tanto a alimentos procesados como a bebidas azucaradas. Su intención es que el impuesto sea equivalente a la mitad del precio del producto.

Sobre la carga tributaria que se les atribuye, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) insiste que “el impuesto tiene un mayor impacto en zonas rurales y familias de bajo poder adquisitivo y con precariedad en el acceso a servicios básicos”.

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Recuedan que las bebidas azucaradas tienen doble tributación, pues además del IEPS, el consumidor final paga el IVA. Expertos aseguran que, si bien los impuestos funcionan para reducir el consumo de este tipo de productos, no inciden en los hábitos y conciencia de consumo de las personas. Así las cosas, la ingesta de bebidas azucaradas bajará por su costo, pero la ingesta calórica se mantendrá a través de otros alimentos.

La Organización Panamericana de la Salud ha manifestado que, aunque los impuestos son recomendados en estos casos, deben existir y respetarse ciertas condiciones, como por ejemplo que sea calculado con base en los gramos o mililitros del producto y no sobre su precio, como propone el senador.

Las políticas económicas y de salud pública, según los defensores de ambos sectores deben adherirse y ser complementarias, de ninguna manera deben sobrevivir sobre el hundimiento del otro.

¿Y En Colombia cómo va el tema?

En el año 2015 se realizó la última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN), en ese momento más de la mitad de los colombianos tenía sobrepeso u obesidad (56.4%). En el país no hay cifras de niñas y niños con obesidad para antes de 2005, pero según la ENSIN el exceso de peso en menores de 5 años pasó de 4,9% en 2005 al 6,3 % en 2015.

En febrero el Ministerio de Salud y Protección Social presentó las directrices del etiquetado nutricional de los alimentos envasados en el país, cuyo consenso llegó tras 18 meses de discusión entre la industria alimentaria y la sociedad civil, sin embargo, el proyecto de ley que buscaba un etiquetado frontal de advertencia en la comida chatarra se hundió en su primer debate. La razón, diferencias políticas entre los parlamentarios, ajenas al tema.

La conocida ‘Ley de comida chatarra’ busca que Colombia implemente un etiquetado frontal de advertencia en productos no saludables y “establecer medidas de salud pública orientadas al control de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles”.

El etiquetado claro de los productos altos en sodio o grasa ha probado ser eficaz para reducir su consumo. Según advierten algunas investigaciones, el etiquetado reduce la ingesta de los consumidores de calorías en un 6,6%, de grasa total en un 10,6 % y otras opciones de alimentos poco saludables en un 13 %. El etiquetado también aumentó el consumo de verduras de los consumidores en un 13,5 %.

El nuevo etiquetado, cuya obligatoriedad está prevista para 2022, debe aparecer en todos los productos ultra procesados en paquetes, botellas y envases que se vendan en Colombia y tengan altos contenidos de azúcar añadido, grasas saturadas y sodio.

Pero, a diferencia de México, la normativa local busca integrar a la industria en el proceso, de manera que- si bien es necesario ampliar la conciencia ciudadana en sus hábitos alimenticios- también lo es el control sobre la economía nacional, demarcada por el funcionamiento de empresas vitales en este sentido.

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