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Colombia demuestra una dramática realidad frente al abuso sexual en menores

Por 26 junio 2020 Sin comentarios
Foto: defensoria.gov.co

Cifras aportadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) revelan que el 98% de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia están en impunidad. Aterrador, tomando en cuenta, además que buena parte de estas aberraciones son cometidas por quienes deben velar por los derechos y la dignidad de los menores colombianos: familia y cuerpos de seguridad.

Un reportaje publicado por la revista Semana indica que, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “entre enero y mayo de 2020 se han practicado 7 mil 544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual que representan el 43,49% de las lesiones no fatales en el país. De estos, 6 mil 479 fueron realizados a menores de edad”.

En palabras de la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, 62 mil 042 menores de edad tienen medidas de protección impuestas mientras se hace el respectivo restablecimiento de derechos.

"Estos casos se empiezan a desagregar en los diferentes tipos de vulneración. El componente de violencia física, sexual y psicológica es el 38% de esos 62 mil 000 casos. Por negligencia o abandono, 24 mil; por trabajo infantil 3% y la categoría ‘otros‘- en la que está la trata de personas, el reclutamiento y el desplazamiento- está cerca del 35% ", dijo Arbeláez a Semana.

Otros datos aterradores mostrados por la líder del ICBF desnudan la realidad del país ante los casos de abuso sexual a menores de edad. Informó que casi la totalidad de casos que registra el organismo siguen sin ser resueltos. Para ella, el sistema judicial colombiano no da abasto con los procesos y cada vez que llega una denuncia pueden pasar meses antes de que un fiscal o juez revise los pormenores del hecho.

Avances nacionales

La situación del país ante la normalidad del abuso sexual, sobre todo a menores de edad, ha llevado a debates políticos respecto al endurecimiento de los castigos para quienes cometan este tipo de delitos, en sus distintas formas y agravantes.

El pasado 18 de junio, el país demostró grandes avances en el tema. El Senado de la República aprobó en último debate la cadena perpetua para los violadores de niños, medida que fue aplaudida por diferentes sectores del país dados los constantes abusos denunciados.

La iniciativa, que recibió 77 votos favorables y ninguno en contra, reforma el artículo 34 de la Constitución nacional para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar sea la de prisión de por vida.

Esta iniciativa fue impulsada por el presidente Iván Duque, quien aplaudió y alabó a los legisladores por la decisión. El día fue considerado como histórico en el haber constitucional del país.

Pero, a sólo días de haberse aprobado la medida- a partir de cuya promulgación el Gobierno nacional tiene un año de plazo para presentar al Congreso el proyecto que reglamente la prisión perpetua para los violadores de menores- siete soldados fueron detenidos tras aceptar haber violado a una menor de 14 años en Risaralda. Los uniformados forman parte del batallón San Mateo de Pereira.

“No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Señalados responsables del abuso sexual de menor indígena en Risaralda están tras las rejas. En audiencia, aceptaron cargos y reconocieron la tropelía de sus actos”, fueron las primeras palabras que el fiscal general, Francisco Barbosa, emitió sobre el aberrante hecho.

Resulta imperante que las legislaciones y retóricas políticas se activen. La impunidad promueve la repetición desmedida de los delitos. Los niños son la base del futuro de todas las sociedades. En esta secuencia lógica, su salud mental y física resulta determinante para el progreso de comunidades sanas y equilibradas. La necesidad del accionar es urgente y necesaria para la seguridad de todos.

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