Por un lado, el Ministerio de Salud y Protección Social habla de las acciones que de cara a la proteger a las víctimas de violencia sexual y trata de personas se está desarrollando y, por otro lado, los entes del país encargados de proteger los derechos de las personas, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, ofrecen cifras desalentadoras y preocupantes.
Según la cartera de salud, desde el Ministerio de Salud se proporciona toda la asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a las direcciones territoriales, con la implementación de protocolos de atención, a los aseguradores con el seguimiento a las acciones fundamentales como la gestión del riesgo y a los prestadores el seguimiento frente a la implantación de protocolos y activación de las diferentes rutas intersectoriales. La información de casos de explotación sexual o trata de personas se da a través de los reportes de vigilancia epidemiológica, que activan las rutas intersectoriales y actúan con las autoridades de la justicia y de protección.
Según el ministro de Salud, Fernando Ruíz, otro tema en el que su despacho ha desplegado acciones es en el sistema unificado de información para la violencia de género, con énfasis en violencia sexual, a través de la entrada y gestión de datos que vienen de los diferentes sectores: salud, justicia, trabajo, Unidad de Víctimas, Fiscalía, Migración y la Unidad de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Sin embargo, estas acciones parecen ser minúsculas de cara a las cifras ofrecidas por la Fiscalía General de la Nación. Según un informe presentado por el ente acusador, desde 2010 a la fecha se han abierto 7.509 procesos por pornografía con menores, pero solo 193 tuvieron sentencias sancionatorias o condenatorias. Respecto al delito de explotación sexual comercial de menores desde 2010 se han iniciado 1.833 procesos, pero solo se registran 88 condenas.
Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se plantea como principal reto garantizar entornos seguros y protectores para niños, niñas, adolescentes y mujeres, con énfasis en población migrante, para poder abordar y tener una política efectiva. También, identificar la explotación sexual y la trata de personas para la aplicación de protocolos y activación de rutas con los agentes del sistema general de seguridad social en salud, que en su mayoría ya están desarrollados pero su implementación requiere una labor continua y efectiva desde el ministerio para activarlas.
En palabras de la viceministra de Defensa, Diana Abaunza, “muchas veces no se identifica el delito o quien es víctima no lo identifica y debemos generar una capacitación de autoridades y sociedad para que tengamos los suficientes canales de denuncia”.
En el caso de la pornografía de menores, pasaron de iniciarse 723 investigaciones en 2015 a 1.280 en 2019, lo que indica que los procesos aumentaron casi el doble. Por explotación sexual comercial con menor de 18 años se pasó de 135 aperturas de investigaciones en 2015 a 335 en 2019. Según un informe del ICBF, desde 2014 hasta el 31 de agosto de este año, la entidad ha recibido a 72.543 menores que han sido víctimas de violencia sexual.
Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) reveló un informe en el que se evidencia que desde 2010 y hasta diciembre de 2019 salieron libres 988 personas que habían sido señaladas o condenadas por trata de personas y explotación sexual. Ellos fueron acusados por delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, además han sido reincidentes.
El Ministerio de Salud insiste en sus retos: lograr una atención integral en salud sexual y reproductiva, para tener una acción integrada y seguir trabajando en la mejora de la capacidad de respuesta. Así como conseguir un correcto funcionamiento en los escenarios locales de articulación intersectorial y en el orden nacional.
«Tenemos dos marcos legales muy relevantes, la Ley 1136 de 2009 y la Ley 985 de 2005. Cada una de ellas tiene sus instrumentos y es muy importante trabajar para armonizar esas dos normas y los comités que en ellas se crean», expresó el ministro Ruíz.
Pero, mientras las cifras aumentan, en el Congreso de la República siguen gestándose debates en torno a la pertinencia o no de la cadena perpetua para violadores y en el resto de instituciones inherentes a la problemática sigue la duda de cómo lograr la interoperabilidad de las fuentes de información para la caracterización y seguimiento de las víctimas de explotación sexual y trata de personas, así como su atención intersectorial.