El 38 por ciento de los casos estudiados ya se cerró por no encontrarse mérito, dice la Supersalud.
Redacción Gestarsalud
Han pasado más de siete meses desde que se aplicó el 17 de febrero la primera vacuna contra el covid-19 en Colombia y desde que, en paralelo, se comenzaron a conocer denuncias públicas de posibles colados en el Plan Nacional de Vacunación.
En los primeros meses del plan, cuando solo podían inmunizarse con dosis las personas priorizadas por su alto nivel de exposición al virus o aquellas que tenían factores de riesgo graves, por la edad o comorbilidades, el ojo público estuvo atento a personas que quisieran saltarse la fila.
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Así, salieron a la luz denuncias relacionadas por posibles favorecimientos a personas cercanas a clínicas y hospitales e incluso las autoridades siguieron de cerca presuntas irregularidades en la priorización de personas a vacunar que hicieron en la Subred Norte de Bogotá o cirujanos plásticos priorizados sin justificación en varias regiones.
Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado sanciones a personas por irregularidades en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, tal como le confirmó la Superintendencia Nacional de Salud al portal informativo de Gestarsalud.
En total, la entidad ha abierto 230 casos para evaluar presuntas fallas relacionadas con el proceso de priorización, asignación de citas, aglomeraciones, cadena de frio y reporte de información, entre otros aspectos relacionados con la ejecución de la vacunación contra el covid-19.
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Cabe aclarar que cada caso abierto hace referencia a una denuncia particular en la que pueden entrar varias personas, como en el de la Subred Norte de Bogotá, donde se investiga a cientos de funcionarios.
El 45 por ciento de los casos era para esclarecer denuncias relacionadas con saltos en la priorización, el 24 por ciento eran sobre temas de planeación y el 22 por ciento se vinculaban con aspectos de la aplicación de las vacunas, entre ellos casos de las llamadas “jeringas vacías”, pérdida de vacunas, bases de datos, aglomeraciones y pérdida de cadenas de frio.
Ahora, de los 230 casos abiertos por la Superintendencia Nacional de Salud, 91 de las investigaciones (39 %) están en curso; 89 (38 %) se han cerrado por no encontrarse mérito para iniciar una investigación administrativa; 33 (14 %) se encuentran en seguimiento; y 16 (7 %) están pendientes de respuesta de los entes territoriales.
Los entes territoriales, valga recordar, son requeridos por la Superintendencia de Salud por ser la autoridad en territorio y quienes deben adelantar las labores de inspección en sus jurisdicciones, incluidos temas como pérdida de vacunas y viales vacíos.
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En caso de que una investigación encuentre responsabilidad en alguna irregularidad, la Superintendencia de Salud hace el traslado de los resultados a la entidad que corresponda. Si son de tipo fiscal va a la Contraloría, si son penales a la Fiscalía y sin son de orden disciplinario a la Procuraduría.