‘Quédate en casa’ se ha convertido en la consigna que la mayoría de los países del mundo han adoptado como recomendación para evitar las conglomerados de personas y contener así la propagación del Covid-19, pero ¿qué pasa cuando esa condición de tener una vivienda no se da?
En Colombia, desde los años 80 casi 7.9 millones de personas han tenido que huir de sus hogares producto de los conflictos armados. Desde 2014, por otro lado, el país ha sido receptor de 1.7 millones de venezolanos, quienes, tratando de huir de las condiciones de su país, han llegado a Colombia, algunos, sin la posibilidad de un estatus migratorio que les permita integrarse a la sociedad.
En Gestarsalud entrevistamos a Rocío Castañeda, oficial de información pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien nos explicó que la pandemia del Covid-19, impone retos aún mayores a las condiciones de estas personas. Muchas de ellas, refugiados migrantes venezolanos y desplazados colombianos, quienes viven de la economía informal y han perdido su única fuente de ingreso. Esta situación conlleva a la pérdida de bienes básicos, como alimentación y salud.
La última evaluación de necesidades que hizo ACNUR en el marco de la pandemia arrojó que las tres necesidades reportadas por los refugiados venezolanos como prioritarias son alimentación, acceso a vivienda y a empleo o medios de vida. “Antes del aislamiento el 96% de los migrantes y refugiados reportaba que el 69% hacía tres comidas al día, ese porcentaje ha bajado al 26% durante los últimos meses. El descenso es muy significativo. En términos de desalojo, otra realidad preocupante, es que el 25% dijo no tener un lugar asegurado para vivir. Entre otras cosas, apenas un 2% de los niños refugiados tiene algún dispositivo electrónico para poder tener clases virtuales”.
ACNUR Tiene como razón de ser la protección de los derechos de las personas que han tenido que desplazarse de manera forzada, dentro o fuera de su país. En el contexto sanitario actual han sido muchos los desafíos a los que ha intentado responder. Uno de ellos es la posibilidad de apoyar a estas personas para que puedan cumplir las medidas de aislamiento, necesarias en la contención del nuevo Coronavirus. Las estrategias de asistencia humanitaria van orientadas en ofrecer alojamiento y alimentación a la porción más vulnerable. “Tenemos 11 oficinas en diferentes partes de Colombia, donde hay mayor concentración de población venezolana y apoyamos también al Estado para que pueda mejorar su respuesta en este sentido”.
Para la experta, la sociedad en general tiene un papel fundamental en el éxito de las políticas de refugiados y desplazados, considerando que uno de los ejercicios que afecta los derechos de las personas en estas condiciones es la discriminación, situación que genera un ambiente hostil para la convivencia de estas personas.
Castañeda asegura que una sociedad más consciente de la situación de las personas refugiadas y desplazadas hace menos adversa la implementación de políticas de integración. La sociedad es clave para que el Estado logre aplicar políticas adecuadas en este sentido.
“Está comprobado que una migración inclusiva significa aporte en todos los niveles de desarrollo de un país”.