En el mundo, las migraciones pueden verse como una gran ventaja o avizorar un desastre para los países receptores; depende en gran medida del abordaje que se le dé desde la política pública y la capacidad de entender y aprehenderla como una situación ‘definitiva’, y con la incorporación de esta población como ciudadanos plenos.
Para Colombia y para el sector salud puede ser la respuesta a muchas de sus dificultades o, por el contrario, el empeoramiento de estas. La discusión se ha revisado en distintos medios de comunicación, sin embargo, es preciso hacer un análisis más profundo del impacto en el sistema de salud colombiano.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en los últimos cinco años, 3,9 millones de personas han migrado desde Venezuela: más de 1,2 millones a Colombia y 2,7 millones al resto de Latinoamérica y el mundo. Tan solo en el año 2018, migraron en promedio 5.000 venezolanos cada día a diferentes países del mundo.
El mayor incremento migratorio hacia Colombia ha ocurrido durante los años 2017 y 2018, con énfasis en Bogotá D.C., Norte de Santander, La Guajira, Atlántico, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Magdalena, Valle del Cauca, César, Bolívar y Arauca, territorios en los que se ha concentrado más del 90% de la población venezolana; no obstante, es probable que estas cifras sean mucho mayores, en razón a la extensa frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela, la cual es abierta, selvática y separada por ríos, situación que impide tener un control total del paso de migrantes.
Actualmente, los ciudadanos venezolanos en Colombia cuentan con un Permiso Especial de Permanencia (PEP), siempre y cuando esta población cumpla con algunos requisitos de ingreso, como por ejemplo tener un documento de viaje (pasaporte o cédula de identidad), con el que se hizo el registro de ingreso al territorio colombiano por un Puesto de Control Migratorio Habilitado, asimismo, deberá diligenciar la información que aparece en la página de Migración Colombia, creada para dicho fin.
Migración Colombia estima que del total de la población venezolana que ingresa al país, al menos el 65 % podría establecerse en la nación a través del PEP, situación que los faculta para gestionar su cédula de extranjería. El 35% restante estaría en condición de población flotante, es decir, que podría estar de paso a otros destinos de Suramérica, quedarse de manera ilegal en Colombia o tener la posibilidad de regresar a su país de origen. Muchos de estos inmigrantes tienen raíces colombianas, de connacionales que en décadas anteriores se habían refugiado en el vecino país.
Esta entidad también estima que en Colombia actualmente hay 760.783 venezolanos regulares, mientras que 465.724 lo hacen de forma irregular, es decir que aproximadamente el 40 % de los migrantes del vecino país no cuenta con permiso de movilización autorizada en Colombia.
Las personas venezolanas que están llegando al país son más jóvenes en promedio que la población colombiana. Aproximadamente el 59 % de los inmigrantes venezolanos es menor de 28 años, mientras que, entre la población nacional, este mismo grupo poblacional solo es el 49 %. La diferencia se mantiene y se concentra en los niños: 27 % de los inmigrantes son menores de 13 años, mientras que el 23 % de los nacionales están en ese rango de edad.
Esta población joven venezolana, si se mira con una visión más positiva, lograría que Colombia pueda prolongar la vigencia del bono demográfico, ampliando así los beneficios económicos y sociales, que esta oportunidad otorga. Es decir, puede ser una ‘ventana demográfica de oportunidades’, teniendo en cuenta que, según una encuesta de Revista Semana, el 28 % tiene formación técnica, superior o universitaria.
Entre los principales impactos que ha tenido este fenómeno migratorio para Colombia se encuentran: la seguridad ciudadana, el mercado laboral, el uso de servicios de salud y las modificaciones del perfil epidemiológico.
Situación de salud de la población venezolana
Los principales eventos notificados durante todo el año 2018 y el corte en primer periodo epidemiológico de 2019, se pueden evidenciar en la siguiente gráfica, generando especial alarma los 279 de casos de sarampión de los cuales se han confirmado 70 en 2019 según el Instituto Nacional de Salud (INS).
Grafica No. 1. Eventos de interés en salud pública notificados de población migrante venezolana 2018 – 2019 corte periodo epidemiológico 1.
Fuente: INS 2018 – 2019 corte periodo epidemiológico 1 de 2019.
Según el Ministerio de Salud y Protección Social, entre marzo de 2017 a enero de 2019, se han reportado al Ministerio de Salud y Protección Social un total de 557.833 atenciones en los servicios de salud prestadas a 183.377 personas venezolanas migrantes y se han aplicado un total de 904.963 dosis de biológicos a personas venezolanas.
Se han movilizado recursos por 45 mil millones de pesos del presupuesto y de cooperación internacional 14 millones de dólares atención de emergencia, vacunaciones, de medicamentos e insumos equipos extramurales y medicamentos antirretrovirales, VIH/SIDA, consultas de distinto orden y toma de ecografía obstétrica, entre otros.
Recordemos que la provisión de este servicio está normado por la ley estatutaria de salud 1751 de 2015 (sin exigencia de pagos de ingreso) y la atención integral (incluye medicamentos) cuando el paciente no está en condiciones de asumir el costo, lo que ha significado para la red hospitalaria una obligatoriedad en la atención de connacionales venezolanos que utilizan servicios de salud, sin tener la capacidad de pago para asumirlos.
Fuentes del Ministerio de Salud tienen estimaciones que apuntan a que el costo para atender a cada paciente venezolano puede estar alrededor de $359.845, es decir algo así como la mitad de una Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado para el año 2018.
Basado en datos del ministerio, para el 2018 Colombia tiene en promedio 1,8 camas por cada 1.000 habitantes (que ya es deficitario para la población colombiana), contando con que el promedio de camas por cada 1.000 habitantes en América Latina es de 2,7. Sin embargo, si se hace un análisis de este mismo indicador incrementando la población venezolana migrante, como usuario posterior a las intervenciones en los servicios de urgencia, la incidencia en este indicador aún ha sido estadísticamente significativa. Se logró determinar que las entidades territoriales que han tenido un mayor impacto son Bogotá D.C., Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Santander, en las cuales la población migrante ha hecho uso de camas cercano al 2% del generado por los colombianos.
En conclusión, la población que llega de Venezuela, mucha de ella con raíces colombianas por migraciones anteriores hacia el vecino país, es un reto más para el sector salud, pero al mismo tiempo una oportunidad para desarrollar las zonas históricamente abandonadas de nuestro país.
Esta coyuntura pone sobre la mesa la necesidad del fortalecimiento de la red hospitalaria, tanto para la población colombiana como la migrante. Esta situación hace aún más evidente la urgente y necesaria articulación con las entidades territoriales para coordinar las intervenciones colectivas, así como las intersectoriales.
Es prioritario, además, revisar en esta población el manejo de las enfermedades de transmisión sexual (VIH y sífilis), los eventos denominados de salud mental, abordar de forma muy seria la tuberculosis y los cuidados materno-infantiles, así como re-entrenar al talento humano sobre enfermedades infecciosas que habían desaparecido como el sarampión.
La provisión de especialistas en todas las zonas del país (especialmente las más alejadas) y la conectividad complementaria, es también una estrategia para implementar.
Uno de los problemas estructurales más graves del sistema de salud colombiano, además del mencionado déficit de la oferta de prestadores, es la disponibilidad del talento humano en salud (médicos, enfermeras, técnicos en salud, etcétera). Conforme a lo dicho anteriormente, de manera bien planificada y con esquemas novedosos para el país puede ser parte de la solución a esta situación si se llenan las expectativas de los migrantes y de los connacionales.
La gestión integral de las zonas históricamente abandonadas, es la oportunidad para que, a través de la comunidad organizada, se pueda avanzar de manera integral en una las intervenciones colectivas con participación social.
Se debe implementar una política pública que contenga como derrotero y principio, que las personas venezolanas se van a quedar en el país, para las que hay que buscar cuanto antes su regularización y evitar así cualquier situación que se constituya en caldo de cultivo para la inaceptable xenofobia y para el impulso de la delincuencia.
El sector salud puede ser el más afectado por la migración, sin embargo, si se aprovecha para resolver deficiencias estructurales de nuestras regiones que determinan la calidad y oportunidad de las prestaciones salud y como resultante el bienestar de la población, puede ser el más beneficiado, ser aprovechado como una verdadera oportunidad.
Escrito por: Elisa Torrenegra Cabrera, directora Ejecutiva Gestarsalud.
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