Las proyecciones económicas, y por ende sociales, de Colombia y la región se tornan inciertas frente a un panorama sanitario que se debate entre hipótesis, probabilidades y pocas conclusiones determinantes. Gestarsalud entrevistó a Olga Lucía Acosta, experta de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), quien vislumbró cómo se proyecta el país de cara a los embates de la pandemia y cuáles son las medidas para mitigar los retos planteados.
La realidad colombiana no dista de la de países desarrollados como España o Italia. La pandemia sobrepasó las capacidades y casi ningún país, por no universalizar la situación, estaba preparado para atender una contingencia sanitaria de tal magnitud.
La semana pasada la CEPAL emitió proyecciones de la tasa de variación del Producto Interno Bruto (PIB), que nunca antes había mostrado una caída de la región de menos de 9 puntos. Son cifras preocupantes, sin comparación en el mediano plazo. Según las estimaciones de la comisión, Colombia refleja una disminución de -5,6 puntos, aunque las estimaciones aún pueden cambiar pues el panorama sigue siendo incierto.
Olga Lucía Acosta, experta de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
“Estamos hablando de una región muy afectada. Colombia se ubica en el octavo país con disminución significativa de sus proyecciones económicas. Inmediatamente se calculan cifras de pobreza que indican que, en Colombia, pasaríamos de 27% al 33%. Frente a este escenario se nos escapa el trabajo que durante los últimos 10 años se había logrado. Nunca hemos tenido todo en sus condiciones ideales, pero en la última década muchos habían sido los logros, sociales y económicos, alcanzados”.
Para la experta, los pronósticos son malos. Sin embargo, los números colombianos no son tan críticos, si se comparan con los de otras grandes economías de la región. Las proyecciones de la CEPAL indican que la pobreza extrema subiría de 10% en 2019 a 14,3% en 2020, en promedio, y la pobreza en general de 29% a 34%, cerca de 5 puntos. “Aun nos mantenemos un poquito mejor que el promedio de América Latina, pero de cualquier modo se proyecta mayor desigualdad en la distribución de los ingresos”.
Los efectos directos de la pandemia se hacen evidentes en los siguientes escenarios:
- De manera indirecta: la suspensión de actividades productivas ha creado mayor desempleo, que alcanzó en Colombia un 25% en población activa desocupada. Pérdida de 8,5 millones de empleos sólo por cierre de empresas.
- A corto plazo: mayor desempleo, menores ingresos y salarios y aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Sistemas de salud con mayores costos fragmentados y desigualdades de acceso.
- Efectos de mediano y largo plazo: quiebres de empresas. Reducción de la inversión privada. Menor crecimiento económico y un deterioro general de las capacidades productivas. En los próximos seis meses se estima el cierre de 2,7 millones de empresas formales, de las cuales 2,6 millones son microempresas.
“La situación es alarmante. Ya todos los países están empezando a pensar que esto va para largo, que los picos no están llegando tan rápido. Asustan los rebrotes. Hay que ir preparando todo eso. Sobre la marcha ir atendiendo problemas de salud, pero también ir recuperando”.
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Pero los esfuerzos comienzan a evidenciarse para combatir las situaciones que se van a presentar. En palabras de Acosta, el impacto final dependerá de las medidas de mitigación y contención que cada país proponga:
- Duración de la crisis sanitaria: medidas de aislamiento social.
- Impactos sociales a través del empleo en ingresos en los hogares.
- Impacto en la capacidad productiva a través de sus efectos en las PYMES, las grandes empresas y la productividad.
- Impactos fiscales, déficit y endeudamiento por la menor actividad económica.
Ante el panorama planteado la CEPAL propone cinco tipos de medidas:
- Transferencias monetarias: nuevos programas y extensión de medidas existentes (anticipo de entregas, mayores montos, mayor cobertura).
- Transferencias en especies: alimentos, medicamentos, mascarillas y productos de aseo.
- Suministro de servicios básicos: suspensión o exoneración en pago de cuentas de agua, electricidad, gas, teléfono, internet.
- Protección social para trabajadores formales: reducción de exposición (teletrabajo), protección de ingresos y puestos de trabajo, seguros de desempleo, licencias y prohibición de despidos.
- Otros apoyos directos a personas y familias: alivios tributarios, facilidad de pagos de créditos e hipotecas, control de precios.
Lo anterior se logra entendiendo el principio de solidaridad, coyuntural para la superación de la crisis propuesta por la pandemia y cuyo final aún es incierto. En palabras de Olga Lucía Acosta, el Estado forma parte primordial de la red de solidaridad capaz de llevar a cabo las soluciones planteadas, sin embargo, no está solo como actor: las familias, organizaciones y los individuos- desde su lugar y funcionalidad en la sociedad- son capaces de lograr un compendio de alternativas que den lugar a la superación de la crisis, ayudando a los más vulnerables- de momento- pero entendiendo que el trabajo es la premisa del desarrollo social, económico y ético.
Los esfuerzos deben ir encaminados, más que en dar ayudas económicas, en buscar alternativas que den pie a la reactivación económica y laboral.